MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

El Radicalismo en su conjunto, los que participaban antes del Golpe de 1976, los que se incorporaron en la efervescencia militante de finales del Régimen, los que vinimos despues, todos y cada uno de los radicales tenemos algo que decir, en este nuevo Aniversario de la Trgedia Socio-Política, autodenominada Proceso de Reorganizacion Nacional.
Apelo para ello a un articulo escrito por Pepe Eliaschev, que hace un casi perfecto inventario de hitos institucionales pero sobre todo POLITICOS, que son y deben ser irrenunciables, ya que forman parte de nuestro haber histórico.
Allí se sostiene: "Al caer la noche del 10 de diciembre de 1983, Massera era un hombre libre y protegido. El entonces almirante compartía la libertad individual con sus colegas de las Juntas del período y además gozaba como todos ellos de protección extra".

Los protegía una “ley” no promulgada por congreso alguno y en plena vigencia al iniciarse el nuevo gobierno civil. Numerada 22.924 y promulgada el 22 de septiembre de 1983, a solo cinco semanas de las elecciones del 30 de octubre, estaba firmada por el presidente de facto, Reynaldo Bignone, y sus ministros del Interior (general Llamil Reston) y de Justicia (Lucas Lennon). Su artículo Nº 1 declaraba “extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982”,
los militares se iban del pode intentando imponer una autoamnistia.
Alfonsín anunciaba en sus recorridos por el país que en el nuevo Congreso democrático él impulsaría su derogación,mientras el candidato presidencial del peronismo, Italo Luder, se sentía angustiado por las “consecuencias jurídicas” de esa derogación.
En 1983 el peronismo consideraba jurídicamente inviable la derogación de esa ley. ¿Quién lo hizo? El gobierno de Alfonsín, con la conciencia ética y politica de hacer un bien y contribuir realmente a la memoria, la verdad y la justicia.
A 48 horas de asumir firmó el Decreto 158 ordenando la apertura de los juicios a las Juntas militares procesistas.
Alfonsín tomó la decisión política de enjuiciar a las Juntas, lo que justamente no quería hacer y no hubiera hecho Luder si hubiese ganado.
Alfonsín tenía sólo 56 años. Massera, 58. Los generales, almirantes y brigadieres de 1983 no eran gerontes patéticos sin poder, tal cual como los encuentra el Kirchenrismo hoy dia.
El 9 de diciembre de 1985 se conoció el veredicto del histórico juicio a las Juntas, al almirante Massera le dieron pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, en fallo suscripto por unanimidad por los seis jueces de la Cámara Nacional en lo Criminal Correccional Federal de la Capital (Arslanian, D’Alessio, Gil Lavedra, Torlasco y Valerga Aráoz).

En 1985, cuando la sentencia fue anunciada, el poder militar estaba intacto. La larga sombra de la hegemonía militar se proyectó hasta mediados de los años noventa. Arrestarlos, procesarlos y condenarlos fue una hazaña sin parangones, ni antecedentes,
reconocida por todo el mundo.

El peronismo aceptó la autoamnistía en 1983 y no quiso participar de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep) en 1984.
Hagamos ejercicio de Memoria y verdad, diciendo que fue gobierno peronista el que indultó a Massera y sus camaradas. Los decretos 2.741, 2.742 y 2.743, firmados por el entonces presidente y ahora senador Kirchenrista, Carlos Menem el 30 de diciembre de 1990.

El indulto de Menem no fue cuestionado ni resistido seriamente ni por la Confederación General del Trabajo, ni por el Movimiento Nacional Justicialista.
Veinte años más tarde la historia empezó a ser reescrita, con el avieso intento de pergeñar un nuevo mito que une al kirchnerismo con la lucha de los derechos Humanos, como vemos en este breve raconto, ni la Memoria, ni la Verdad ni la Justicia, están de su lado, de nosotros depende que no nos arrebaten la historia.

Reynaldo Martínez Gimenez